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Las inundaciones, lluvias intensas y deslizamientos representan amenazas de alta recurrencia y destructividad en la cuenca Magdalena-Cauca, La Mojana y las laderas andinas. La variabilidad de las lluvias intensifica las crecientes súbitas y las emergencias en asentamientos e infraestructura. Las sequías y el estrés hídrico, especialmente durante El Niño, afectan La Guajira, el Caribe y sectores andinos. El aumento de temperaturas y las olas de calor elevan los riesgos sanitarios, productivos y de incendios en el Caribe, los valles interandinos y la Orinoquía. En los litorales y el archipiélago se suman erosión, ascenso del nivel del mar, marejadas y ciclones. La degradación de suelos y el retroceso glaciar comprometen ecosistemas y la regulación del agua en el largo plazo.

La población se concentra en ciudades andinas y caribeñas, cuencas y laderas sujetas a inundaciones, calor y movimientos en masa. Se identifican aproximadamente 3,2 millones de personas expuestas a inundaciones y 391 cabeceras municipales susceptibles a desabastecimiento en temporada seca. La agricultura de secano, la ganadería, la generación hidroeléctrica, las redes viales, los acueductos y la infraestructura urbana dependen de condiciones climáticas cada vez más variables. Las comunidades ribereñas y costeras están expuestas a crecidas, erosión y eventos extremos. Los páramos, glaciares, humedales, manglares, bosques andinos y la Amazonía son ecosistemas sensibles. Su deterioro afecta la biodiversidad, la regulación hídrica y los medios de vida asociados.

La vulnerabilidad es alta y territorialmente desigual. La pobreza, la informalidad, el déficit de vivienda y las brechas de acceso a agua potable, saneamiento y protección social reducen la capacidad de prevención y recuperación ante eventos extremos. Entre los grupos más sensibles figuran comunidades rurales, campesinas, indígenas y afrocolombianas, población desplazada, hogares de bajos ingresos, primera infancia, personas mayores, gestantes y trabajadores al aire libre. La exposición se agrava en laderas, riberas y asentamientos precarios. Aunque Colombia cuenta con sistemas nacionales de monitoreo y gestión del riesgo, persisten diferencias de recursos técnicos y financieros entre municipios. La implementación local de alertas, ordenamiento y adaptación constituye una brecha central.

La Ley 1931 de 2018 establece directrices para incorporar la gestión del cambio climático en decisiones públicas y privadas. El país dispone de la Política Nacional de Cambio Climático, el Plan Nacional de Adaptación (PNACC) y una NDC actualizada en 2025 con metas a 2035. El Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA) articula la gobernanza climática con la Comisión Intersectorial y los nodos regionales. Los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) orientan la incorporación de medidas en departamentos. IDEAM, UNGRD, DNP, MinAmbiente, INVEMAR, DIMAR y las autoridades ambientales y territoriales participan en monitoreo, planificación y respuesta. El principal desafío es traducir estos instrumentos en capacidades y acciones efectivas a escala local.

La seguridad hídrica, la agricultura y la energía son sectores estratégicos. Las sequías amenazan el abastecimiento y los cultivos de secano, mientras que la variabilidad de caudales afecta una matriz eléctrica con fuerte participación hidroeléctrica. Las ciudades, la salud y la infraestructura vial también concentran impactos: el calor extremo afecta a poblaciones sensibles y trabajadores; las inundaciones y deslizamientos interrumpen transporte, acueductos, vivienda y servicios esenciales. La pesca, el turismo y los medios de vida costeros e insulares enfrentan erosión y eventos marinos extremos. Los bosques, páramos y ecosistemas amazónicos sostienen servicios ambientales esenciales para múltiples actividades.

La Guajira requiere atención por calor, déficit hídrico y desertificación; La Mojana y la cuenca Magdalena-Cauca, por inundaciones recurrentes y afectación de comunidades y medios de vida. Las ciudades y laderas andinas presentan exposición a crecientes y movimientos en masa. Cauca, Nariño, Tolima y Huila combinan riesgos de deslizamientos, erosión y alteración de la regulación hídrica de alta montaña. El litoral Pacífico, especialmente Chocó, enfrenta lluvias extremas, inundaciones y erosión costera. San Andrés, Providencia y Santa Catalina son prioritarios por ciclones, marejadas e intrusión salina. En Orinoquía y Amazonía destacan calor, sequías estacionales, incendios y presión sobre ecosistemas.