🇨🇱Chile

La sequía prolongada y el estrés hídrico constituyen riesgos estructurales, especialmente en el Norte Chico y la Zona Central. La megasequía iniciada en 2010 ha reducido la disponibilidad de agua superficial, afectando abastecimiento, agricultura, generación hidroeléctrica y ecosistemas. Las olas de calor y los incendios forestales afectan particularmente los valles interiores y las zonas de interfaz urbano-rural del centro y centro-sur. Las lluvias intensas, crecidas y aluviones amenazan asentamientos e infraestructura en cuencas y áreas precordilleranas. El litoral está expuesto a marejadas, erosión y aumento del nivel del mar. En la cordillera, la disminución de nieve y el retroceso glaciar comprometen reservas estratégicas de agua; en territorios áridos se intensifica la degradación de suelos.

El país registra 18.480.432 habitantes según el Censo 2024 y una fuerte concentración urbana, especialmente en la Región Metropolitana, Valparaíso y Concepción. La población urbana enfrenta islas de calor, anegamientos y presión sobre servicios básicos. Los asentamientos en quebradas, riberas y zonas bajas están expuestos a inundaciones y remociones en masa. Las comunidades rurales del norte y centro dependen de cuencas y sistemas de abastecimiento sensibles a la reducción de lluvias y recarga de acuíferos. Agricultura, ganadería, energía, minería, transporte, turismo y pesca enfrentan riesgos diferenciados. También están expuestos bosques nativos, humedales, ecosistemas altoandinos, glaciares y áreas costeras.

La vulnerabilidad climática combina exposición territorial, desigualdad social y limitaciones de infraestructura. Viviendas precarias, campamentos en zonas de riesgo, falta de vegetación urbana y déficits de drenaje incrementan los impactos de calor e inundaciones. Entre los grupos sensibles se encuentran niños, personas mayores, gestantes, personas con discapacidad, población con enfermedades crónicas y trabajadores al aire libre. En el ámbito rural, la escasez de agua afecta medios de vida y seguridad hídrica. Chile cuenta con sistemas de alerta y gestión del riesgo, pero persisten brechas de adaptación a escala comunal y sectorial. La coordinación interinstitucional, la planificación territorial y el acceso a información climática son determinantes para reducir daños.

La Ley Marco de Cambio Climático N.º 21.455 (2022) establece metas de carbono neutralidad y resiliencia hacia 2050 y mandata instrumentos de planificación sectorial y regional. El documento identifica la actualización de la NDC de 2025, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2025–2028, la Estrategia Climática de Largo Plazo y el Atlas de Riesgos Climáticos (ARClim). La gobernanza involucra al Ministerio del Medio Ambiente, gobiernos regionales, SENAPRED, la Dirección Meteorológica de Chile y la Dirección General de Aguas, entre otros organismos. El desafío es traducir los instrumentos nacionales en medidas territoriales efectivas.

La gestión del agua es central: la sequía afecta abastecimiento humano, riego agrícola, producción pecuaria y generación hidroeléctrica. La menor acumulación de nieve y el retroceso glaciar comprometen caudales estivales. La infraestructura urbana y vial, puentes, drenajes, sistemas de agua potable y redes eléctricas enfrentan amenazas por inundaciones, aluviones, olas de calor y eventos meteorológicos extremos. Los sectores forestal, agrícola, pesquero y turístico son sensibles a incendios, degradación de suelos, cambios oceánicos y erosión costera. La conservación de cuencas, bosques y humedales es estratégica para la adaptación.

El Norte Grande y el Norte Chico requieren seguridad hídrica, gestión de acuíferos y medidas frente a desertificación y presión sobre ecosistemas altoandinos. La Zona Central y el Centro-Sur concentran exposición a sequías, olas de calor, incendios forestales, inundaciones y aluviones, con especial atención a áreas metropolitanas, valles agrícolas e interfaces urbano-rurales. El litoral demanda adaptación ante marejadas, erosión y ascenso del nivel del mar. Las cuencas cordilleranas y la Zona Austral requieren monitoreo y protección de nieve, glaciares y ecosistemas sensibles.