🇭🇳Honduras

Las inundaciones fluviales y pluviales, lluvias intensas y deslizamientos afectan especialmente al Valle de Sula, Valle del Aguán, La Mosquitia y Tegucigalpa. Los ciclones tropicales pueden producir impactos simultáneos sobre viviendas, caminos, servicios y actividad productiva. Las sequías y el estrés hídrico se concentran en Choluteca, Valle y otras áreas del Corredor Seco, con consecuencias para los cultivos de maíz y frijol, el abastecimiento y la seguridad alimentaria. Las olas de calor agravan la exposición sanitaria y laboral, especialmente en ciudades y zonas agrícolas. Los incendios forestales, la degradación de suelos, la erosión costera, las marejadas y el aumento del nivel del mar completan el panorama de amenazas, con especial sensibilidad de bosques, manglares, humedales y territorios insulares.

El país cuenta con una población estimada de 11.184.000 habitantes (2024), con 59% urbana y 41% rural. Los principales núcleos urbanos, como el Distrito Central y San Pedro Sula, enfrentan calor, inundaciones y presión sobre infraestructura y servicios. Las comunidades del Corredor Seco dependen de sistemas productivos sensibles a la irregularidad de lluvias. En las cuencas de los ríos Ulúa, Chamelecón, Aguán y Choluteca, los asentamientos ribereños, caminos, puentes y redes de agua y energía presentan exposición a crecidas y daños. La agricultura, ganadería, generación hidroeléctrica, construcción y otras actividades al aire libre están expuestas. También lo están los bosques nublados, arrecifes, manglares, humedales y acuíferos de zonas secas.

La vulnerabilidad combina pobreza, dependencia de la agricultura de secano, asentamientos en planicies inundables o laderas inestables, viviendas precarias y limitaciones de acceso al agua y a servicios básicos. Entre los grupos más sensibles se encuentran niños y niñas, personas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o enfermedades crónicas, trabajadores agrícolas y de construcción, y hogares de bajos ingresos. El documento reconoce capacidades de monitoreo y alerta, pero identifica necesidades de coordinación territorial, protocolos sanitarios para calor extremo, información sobre aguas subterráneas y medidas preventivas de alcance local.

La Ley de Cambio Climático (Decreto 297-2013, según el cuadro normativo del perfil), la NDC 3.0 (2026) y el Plan Nacional de Adaptación (2018) conforman los principales instrumentos de política climática citados. El marco incluye la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) y planes vinculados a sequía y reducción de riesgos. La gobernanza involucra a SERNA, COPECO y CENAOS, el Instituto de Conservación Forestal y la Secretaría de Agricultura y Ganadería. La implementación demanda articulación entre sectores y niveles de gobierno.

El agua y la agricultura son sectores prioritarios: la irregularidad de precipitaciones afecta granos básicos, café, ganadería y sistemas de riego, con efectos sobre seguridad alimentaria e ingresos rurales. La infraestructura vial, puentes, drenajes urbanos, redes eléctricas, abastecimiento de agua y establecimientos educativos y sanitarios enfrentan daños e interrupciones durante eventos extremos. Los ecosistemas forestales y costeros, el turismo, la pesca y las comunidades insulares requieren respuestas frente a incendios, erosión, marejadas, calentamiento y deterioro de hábitats.

El Valle de Sula, el litoral Caribe y La Mosquitia concentran riesgos por ciclones, lluvias intensas e inundaciones, con especial atención a las cuencas Ulúa, Chamelecón y Aguán. El sur y suroccidente del Corredor Seco, particularmente Choluteca y Valle, requieren seguridad hídrica, adaptación agropecuaria y recuperación de suelos. El centro y occidente montañoso demandan prevención de deslizamientos y erosión. El Distrito Central y las ciudades del norte necesitan medidas ante calor e inundaciones; las Islas de la Bahía, adaptación costera e insular.